Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Un año después de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que acusó de corrupción a 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) es un fiasco. Un solo implicado está en presión: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto de 2020, tras ser extraditado de España. Y prácticamente a un año de haberse hecho públicos sus detalles, el sábado 21, Anaya Cortés informó que la Fiscalía pretende encarcelarlo por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en México pude haber políticos presos, “pero no presos políticos”.
Pero a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, la FGR que encabeza Alejando Gertz Manero no ha podido judicializar los expedientes, salvo en el único caso de Lavalle Mauri.
Ni siquiera en el caso de Anaya la FGR ha informado si solicitó a un juez librar la orden de aprehensión en contra de ese político, a quien Lozoya señaló de haber recibido 6.8 millones de pesos cuando era Diputado federal para aprobar la Reforma Energética.
Desde que Lozoya fue extraditado, nunca ha pisado la cárcel por el acuerdo que alcanzó con la FGR para acreditar la corrupción en las altas esferas del poder político que involucra a Salinas, Calderón y Peña Nieto, así como los excandidatos presidenciales Anaya y José Antonio Meade.
En su denuncia de hechos, el exdirector de Pemex también señaló de corrupción a los exsecretarios de Hacienda de Calderón, Ernesto Cordero, y de Peña Nieto, Luis Videgaray.