La Primera Sala de la Suprema Corte negó un amparo a Efraín Cázares López, juez federal ligado al caso del “Michoacanazo”, y quien fuera destituido hace nueve años, acusado de delitos contra la administración de la justicia.
Por mayoría de votos, la Primera Sala de la SCJN avaló el proyecto que presentó la ministra Norma Piña, quien estimó improcedentes los argumentos del destituido juez contra el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.
Ese artículo, vigente al momento de la imputación al juez, establece cómo se configura el delito de la administración de la justicia, el cual es cometido por impartidores de justicia.
Una de las causales que configuran el delito es que se dicte, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o se contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado. En 2013, la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía (FGR), obtuvo una orden de aprehensión contra Cázares López por su presunta responsabilidad en el delito contra la administración de la justicia.
Y es que el juez otorgó una suspensión definitiva que evitó suspender los derechos político-electorales de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Con su decisión facilitó que en septiembre de 2010 Godoy Toscano —quien tenía una orden de captura por presuntos vínculos con el cártel La Familia Michoacana— rindiera protesta como diputado federal tras ingresar clandestinamente al Congreso.
Cázares López fue destituido y se le inició un procedimiento penal. En su defensa argumentó que el artículo que se le imputa es inconstitucional porque no describe de manera clara y precisa las conductas delictivas.
Acusó que también es discriminatorio por estar dirigido exclusivamente a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Contrario a esa opinión, la ministra Norma Piña propuso declarar infundados los argumentos.